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Actualidad - Revista Nº 70 - Septiembre de 2003       



Políticas de sostenibilidad

 Pascual Fernández*

 

INTRODUCCIÓN

A menudo la política y la gestión pública se caracterizan por abordar los problemas desde una óptica sectorial. Es evidente que se trata de una práctica efectiva para determinado tipo de problemas; sin embargo, en la mayor parte de los casos, pretender resolver los retos fundamentales del progreso y la convivencia social por la mera adicción de soluciones sectoriales supone como mínimo un riesgo y, en la mayoría de los casos la seguridad de un notable fracaso, un ingente esfuerzo económico y una evidente falta de visión prospectiva e integral de los objetivos generales a largo plazo. En realidad, los problemas complejos tienen multitud de interconexiones con otros y es necesario abordarlos con un enfoque global, e integrado.

El caso más significativo de la escasa eficiencia de abordar los problemas con enfoques restringidos se produce cuando se pretende impulsar un desarrollo sostenible basado en planteamientos exclusivamente sectoriales.

Superar enfoques fragmentarios, mediante un alto grado de integración, es la base del éxito de numerosas iniciativas de desarrollo tanto en ámbitos internacionales como nacionales, tanto a nivel de los Estados como de las entidades locales o regionales. La integración es una nueva cultura que debe verse acompañada de “nuevos procedimientos integradores” que abarquen desde el proceso de decisión política, al diagnóstico y análisis de los problemas, así como a la evaluación de sus repercusiones, la planificación, la financiación y la ejecución de los propios  planes y programas.

            HACIA POLÍTICAS SOSTENIBLES

Una vez establecido que el objetivo político global es avanzar hacia un desarrollo sostenible,  el siguiente hito es determinar cómo las políticas pueden ayudar a su consecución. El primer e ineludible requisito viene determinado por la iniciativa comunitaria de promover la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en las políticas sectoriales para reconducirlas hacia verdaderas políticas sostenibles o herramientas de la sostenibilidad.  Sin duda, esto no es suficiente para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, pero a pesar de ello, es condición necesaria para la credibilidad del propósito político de avanzar en la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

La integración del medio ambiente como política transversal ha sido una prioridad política de la UE desde la Conferencia de Río (1992). De hecho, ya aparecía en el Acta Única, constituyó uno de los mecanismos clave del Quinto Programa de Acción [Hacia la sostenibilidad, 1993-2000] y es una de las apuestas estratégicas del Sexto [Medio Ambiente 2010: Nuestro Futuro, Nuestra Elección].

La Comisión Europea adoptó en 1993 una comunicación interna sobre los mecanismos necesarios para asegurar la integración del medio ambiente en la definición y la ejecución de políticas, actos normativos o programas de financiación. El punto de inflexión, sin embargo, lo constituye la adopción del Tratado de Ámsterdam, en el que la integración del medio ambiente adquiere el nivel de requisito [Art. 6].

Para hacer operativo el artículo 6 del Tratado de la Unión, el Consejo Europeo de Luxemburgo solicitó a la Comisión la elaboración de una estrategia para la integración del medio ambiente como política transversal. Dicha comunicación fue debatida en el Consejo Europeo de Cardiff (junio de 1998) en el que se desarrollaron sus recomendaciones como requisitos vinculantes para la Comisión y el Consejo (por ejemplo, a través de la evaluación obligatoria de este eje transversal en todas las grandes acciones financiadas con Fondos Estructurales). A este respecto, se inició un proceso estratégico en diferentes áreas de acción.

Desde entonces se ha venido realizando, en Consejos Europeos posteriores, un seguimiento más o menos sistemático de las directrices de la Comisión; y se han identificado algunos indicadores, interesantes en la medida en que obligan a reflexionar en la frontera de diferentes áreas sectoriales. La Comisión presentó un documento de trabajo sobre integración ante el Consejo Europeo de Colonia [SEC(1999) 777], cuyo objetivo implícito era superar los sistemas tradicionales de toma de decisión de carácter sectorial. La Cumbre de Gotemburgo (junio de 2001) ha dado un nuevo impulso al proceso de integración, al instar a que se completen las estrategias sectoriales de integración y se pongan en práctica lo antes posible, debiendo tenerse en cuenta el Sexto Programa Comunitario en materia de Medio Ambiente y la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.

La revisión del trabajo realizado hasta ahora en el contexto de la UE permite obtener algunas conclusiones con carácter preliminar:

·         Existe una cierta asimetría entre el nivel de reflexión sobre la integración del medio ambiente en las políticas sectoriales y la implantación efectiva de medidas específicas surgidas de la reflexión.

·         Se ha definido una serie de políticas sectoriales cuya relación con el medio ambiente es especialmente evidente. Puede hablarse de un alto nivel de consenso respecto a políticas sectoriales especialmente relevantes para analizar los retos de la integración.

·         Aunque el objetivo fundamental del Proceso de Cardiff era la integración ambiental, se abre camino la idea de la necesidad de integrar otros elementos adicionales (los pilares económico y social del desarrollo sostenible) para aspirar a la sostenibilidad.

Integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible

El objetivo del proceso de integración reside precisamente en generar un enfoque global que garantice el equilibrio adecuado entre las políticas de protección y gestión del medio ambiente y otros ámbitos de intervención pública. Este equilibrio exige un “cambio de lógica” en determinadas políticas sectoriales, en las que tradicionalmente existe un mayor grado de rigidez o cautela para la incorporación de consideraciones ambientales por temor a pérdidas de competitividad. Esto es especialmente cierto para determinados sectores productivos en los que la generación de empleo o la contribución al Producto Interior Bruto (PIB) inducen a ignorar, total o parcialmente, su impacto sobre el medio ambiente, dañando la base del concepto de sostenibilidad.

La integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible induce cambios institucionales, altera las políticas sectoriales que resultan de los mismos y exige medidas para garantizar su implantación efectiva. Existe, en este sentido, una cierta tensión que determina la ineficacia de la política ambiental tradicional debido a que:

·         El progreso en la política ambiental per se es estéril si no se profundiza en las causas de degradación ambiental de otras políticas y actividades sectoriales.

·         La integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en determinadas políticas sectoriales exige un compromiso a nivel de la UE, así como el reconocimiento de la dimensión exterior de algunas actividades económicas (p.e. pesca) o algunas políticas específicas (p.e. cooperación al desarrollo).

Integrar el medio ambiente y el desarrollo sostenible en las políticas sectoriales significa aspirar a la operatividad bajo la aceptación de la complejidad, el reconocimiento de las conexiones y una apuesta decidida por la cooperación, cuya trascendencia sobre el diseño institucional y la cultura de intervención pública es crucial. Pero también conlleva la necesidad de pensar en términos de oportunidades y no sólo de restricciones medioambientales de las políticas sectoriales.

Establecimiento de objetivos específicos y asunción de compromisos concretos respecto a la integración

Uno de los mayores obstáculos para la integración del medio ambiente (y, en general, del desarrollo sostenible) en las políticas sectoriales y horizontales deriva de la ausencia relativa de medidas y compromisos específicos y precisos. En gran medida, este hecho ha dirigido las reflexiones y directivas de los órganos donde se ha tratado de desarrollar y hacer operativa la concepción del desarrollo sostenible, aunque con resultados todavía poco satisfactorios.

Si bien existe en España un número creciente de análisis e iniciativas de actuación con definición precisa de objetivos y con un cronograma tentativo (cuando no vinculante), la situación actual dista de ser la deseable de cara a disponer de Planes de Acción a nivel sectorial, fundamentados en consideraciones integradas respecto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Como posibles ejemplos de la línea a seguir, podrían citarse el Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE), el Plan de Energías Renovables, o el Manual de Aplicación de las Agendas Locales 21 preparado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Hacer sostenibles las políticas como Base de un desarrollo equilibrado y de futuro

El objetivo del proceso de integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible reside en generar un enfoque global que garantice el equilibrio adecuado entre las políticas de protección y gestión del medio ambiente y otros ámbitos de intervención pública, y todo ello en pro de un avance decidido hacia pautas más sostenibles. Este equilibrio exige un cambio de enfoque en los planteamientos, que lleve a pensar en términos integrados sobre las diversas implicaciones de las distintas políticas en los otros campos de actuación.

En este sentido, el V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, adoptado en 1993, señaló a la agricultura, la industria, el transporte, la energía y el turismo como los sectores que debían integrar el medio ambiente en su desarrollo de manera prioritaria. Definitivamente, el Tratado de Ámsterdam de 1997 convierte el desarrollo sostenible en un objetivo de la Unión Europea. A este grupo de políticas se ha añadido, por su importancia relativa en el contexto nacional y por su trascendencia socioeconómica, la de la pesca, que ya aparecía asimismo en el Proceso de Cardiff.

Asimismo, se deben analizar las argumentaciones propias de la integración de la  sostenibilidad en políticas de corte horizontal (o transversal), cuya dimensión trasciende el ámbito de las políticas sectoriales. En este sentido, se han de incorporar las políticas de ordenación del territorio y desarrollo urbano; de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); y de cooperación internacional al desarrollo.

A continuación se incluye una propuesta para abordar la sostenibilidad de las políticas: agricultura y pesca, energía, transporte, turismo, industria, ordenación del territorio, I+D+i y cooperación internacional al desarrollo.

Integración del desarrollo sostenible en la política agraria y pesquera

Política agraria

Los desafíos del sector agrario se enmarcan en un contexto internacional que aparece definido fundamentalmente a partir de la Reforma de la PAC y de las discusiones sobre comercio internacional mantenidas en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

En términos de sostenibilidad es preciso atender a cuestiones relativas a la incidencia de la política agraria sobre la articulación del territorio, sobre la fijación de la población al medio rural (en zonas amenazadas por procesos acusados de desertización poblacional) y sobre la capacidad del sector para asumir el reto de ser rentable (en términos financieros, económicos y sociales) en un entorno crecientemente competitivo. En consecuencia, los temas imprescindibles a tener en cuenta son el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, si bien éstos no agotan los campos de interacción de la política agraria con los objetivos de sostenibilidad global del progreso de la sociedad.

El  DESARROLLO RURAL

En relación con el desarrollo rural, la nueva reforma de la PAC recoge las consideraciones medioambientales necesarias en los principales regímenes de mercado y diseña una política consistente de desarrollo rural.

En este sentido, las nuevas políticas de desarrollo rural no sólo han de dar respuesta a las principales deficiencias del sector agrario español, sino que también han de fomentar la fijación de la población al territorio, articular el espacio de manera armónica, reconocer la nueva relación entre el medio urbano y el medio rural, y garantizar la conservación de todas aquellas prácticas agrarias tradicionales que juegan un papel decisivo en la conservación de suelos, en el uso eficiente de los recursos hídricos y en la conservación de la diversidad biológica y cultural.

1.1.1.a.1      LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

En cuanto a la seguridad alimentaria y dados los vínculos estructurales entre el sector agrario y otros sectores, es preciso reconocer la relevancia de los insumos productivos del mismo para sectores como la industria agroalimentaria.

El desafío para las políticas agrarias desde la óptica de la seguridad es doble. Por una parte, han de reestablecer las garantías para el consumidor ofreciendo salidas viables a los productores agrícolas y ganaderos. Por otra, han  de recuperar la credibilidad de las autoridades públicas en esta materia, en un desafío que exige la coordinación institucional y la cooperación con otros Estados Miembros de la Unión Europea.

Política pesquera

La política de pesca española se integra en los principios de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE. En línea con la PPC, dos son los retos fundamentales a los que habrá de hacer frente la misma desde la perspectiva de la sostenibilidad: una adecuada política de conservación (sobre la base de una gestión sostenible de la biomasa) y una política de reconversión de la flota pesquera y de desarrollo de alternativas como la acuicultura.

LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA – GESTIÓN SOSTENIBLE DE BANCOS PESQUEROS

En lo que respecta a la conservación, muchas especies se encuentran fuera de los umbrales biológicos de seguridad.

Para controlar la tasa de explotación de las poblaciones de peces, la PPC ha recurrido casi exclusivamente a la fijación de límites máximos sobre el volumen de peces que pueden capturarse en un año (total admisible de capturas –TAC– y cuotas nacionales) y a medidas tales como la determinación del tamaño de las mallas, el cierre de ciertas zonas o la imposición de temporadas de parada biológica. Los intentos de combinar estas opciones técnicas (destinadas a controlar la producción del sector pesquero) con medidas orientadas a controlar los factores de producción (el llamado esfuerzo pesquero) han resultado estériles.

LA  ADECUACIÓN DE LA FLOTA Y DE LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS

El sector pesquero se caracteriza por su vulnerabilidad económica, resultado de procesos de sobreinversión, costes en rápido aumento y una base de recursos decreciente.

La reconversión no sólo vendrá motivada por las consecuencias de prácticas de gestión insostenibles que han dañado seriamente la disponibilidad del recurso. Hay una serie de factores que demuestran la importancia de considerar la dimensión internacional como eje transversal del desarrollo sostenible. La inminente ampliación de la UE, la globalización de la economía, la incorporación de nuevos participantes en el sector pesquero mundial (opción llena de legitimidad) y el mayor peso de las consideraciones ambientales, llevan a pensar en un proceso de racionalización de la flota sin el cual no pueden concebirse pautas sostenibles desde una perspectiva integrada.

Integración del desarrollo sostenible en la política energética

El Consejo Europeo de Helsinki (diciembre de 1999) aprobó el documento de la Comisión en relación con la estrategia de integración del medio ambiente en la política energética. Dicha estrategia reconoce la necesidad de revisar el equilibrio entre los tres objetivos genéricos de la política energética: seguridad en el suministro, protección del medio ambiente y competitividad del sector, atendiendo en igual medida a los aspectos económicos, sociales y ecológicos e integrando así principios de sostenibilidad.

Por otro lado, se enfatiza la necesidad de incrementar la cooperación y la coordinación entre los Estados Miembros con el fin de poder cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente y liderar un acuerdo internacional en lo que se refiere a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en el contexto del proceso de Kyoto).

Para ello, se hace preciso trabajar en diferentes campos, reconociendo la necesidad de conciliar consideraciones por el lado de la oferta y la demanda como única garantía de una política energética más eficiente, eficaz y sostenible.  Estos campos son la seguridad del suministro, el uso eficiente de la energía y la reducción de emisiones y contaminantes

LA SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO Y LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS

En relación con la seguridad del suministro, hay que tener en cuenta que la elevada demanda interna (sometida a una intensa estacionalidad en lo que se refiere al sector turístico), junto con la escasez de recursos energéticos supone una debilidad de España, que limita las posibilidades de un desarrollo sostenible.

EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Otro de los temas a tratar es el uso eficiente de la energía. Las iniciativas europeas y nacionales puestas en marcha en los últimos años ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en las políticas de eficiencia energética y de promoción de las energías renovables como vía para el ahorro y la diversificación de la energía y la consecución de objetivos ambientales. En el ámbito comunitario, cabe citar, en primer lugar, la publicación del Libro Blanco de las Energías Renovables de la Comisión Europea, que calificaba la contribución de estas fuentes al consumo interior bruto de energía de la Unión como decepcionantemente bajo. Señalaba que “una estrategia general para las fuentes de energía renovables se ha convertido, por varias razones en algo esencial […] El progreso tecnológico por sí mismo no puede romper las diversas barreras no técnicas que obstaculizan la penetración de la tecnología de la energía renovable en el mercado energético”.

LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y OTROS CONTAMINANTES

En cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la línea con lo establecido por el Protocolo de Kyoto, se trata de una prioridad del Ministerio de Medio Ambiente y del Estado. En este contexto, se abren una serie de posibilidades que habrán de ser aprovechadas por la política energética nacional. En concreto, los mecanismos de flexibilidad de Kyoto (permisos negociables de emisiones, ejecución conjunta y mecanismo de desarrollo limpio) son esenciales para fortalecer las posibilidades de alcanzar los compromisos adquiridos tanto en lo que se refiere a gases de efecto invernadero como de otros compuestos contaminantes.

Integración del desarrollo sostenible en la política de transportes

Los retos fundamentales que el transporte plantea en este contexto son: garantizar una accesibilidad y una movilidad sostenibles que permitan aprovechar las posibilidades del transporte como elemento articulador del espacio y factor decisivo en la vitalidad de la actividad económica, y reducir los impactos crecientes del mismo sobre el medio ambiente.

LA  ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

El papel que la política de transportes juega en la garantía de acceso al territorio y a la dotación de servicios públicos y privados a través del desarrollo de una compleja red de infraestructuras es incuestionable. No obstante, es preciso señalar que ese papel está en ocasiones sobrestimado. La cohesión regional a través del transporte puede llegar a mejorar con la presencia de infraestructuras, pero éstas ocasionalmente también generan problemas medioambientales y desequilibrios territoriales.

LA  INTEGRACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES EN EL SECTOR TRANSPORTE

El modelo de transporte actual se caracteriza por su fuerte tendencia a incrementar la movilidad y a emplear medios menos eficientes, alterando de manera crucial las posibilidades de un desarrollo sostenible. El transporte es responsable del 60% aproximadamente de las emisiones de CO y del 50% de las de óxidos de nitrógeno. Asimismo, constituye prácticamente el único origen de la creación de compuestos orgánicos volátiles, de ozono troposférico y de otras sustancias, cuya incidencia sobre el medio ambiente y la salud humana no es siempre conocida.

La integración de variables ambientales mediante la generación de incentivos, la planificación integrada de los sistemas locales de transporte, la definición de estrategias de multimodalidad, el aprovechamiento de las posibilidades del progreso tecnológico y el desarrollo de campañas de sensibilización, entre otras posibilidades, supone una prioridad para garantizar la contribución efectiva del transporte al desarrollo sostenible del país.

Integración del desarrollo sostenible en la política de turismo

Quizás en ningún sector sea tan evidente la necesidad de integrar consideraciones de sostenibilidad como el sector turístico. Esta integración debe producirse, no sólo en los nuevos destinos turísticos que van surgiendo, sino en una industria ya consolidada, con millones de visitantes.

Implantar en esta industria pautas de gestión sostenible y corregir las disfunciones y las insuficiencias de infraestructuras obsoletas son prioridades para el desarrollo sostenible del turismo.

En este contexto, resulta imprescindible abordar  la gestión de las zonas costeras y  la racionalización de la oferta turística como campos vitales de la sostenibilidad del turismo en España

LA  GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS

La mayor parte de la oferta turística española se concentra en el litoral mediterráneo y en las Islas Baleares y Canarias, donde existe una de las infraestructuras hoteleras más importantes del mundo.

El mantenimiento de un nivel adecuado de calidad medioambiental de nuestras costas pasa ineludiblemente por evitar su destrucción física. Ello exige adoptar soluciones que, con una perspectiva de futuro, tal y como establece la Exposición de Motivos de la Ley de Costas, “tengan como objetivo la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración”.

LA  RACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

En cuanto a la racionalización de la oferta, hay dos retos fundamentales que exigen la racionalización de la oferta turística. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de incorporar principios de gestión sostenible, sin los que existe un riesgo evidente de asistir a la degradación del medio sobre el que se soporta la actividad turística tanto desde una perspectiva ambiental como social, debido a los preocupantes niveles de vulnerabilidad del sector. El segundo, señalado como uno de los elementos prioritarios de la política española de turismo, pasa por incorporar consideraciones relativas a la calidad del servicio (por otra parte, claramente complementarias con la integración de la sostenibilidad).

En los últimos años, se han planteado algunas medidas de carácter fiscal cuyo objetivo último era contribuir a la reordenación del sector y a la mitigación de sus impactos ambientales. Estas medidas, sin embargo, se encuentran en un estado incipiente de desarrollo e inmersas en un complejo debate respecto a la corresponsabilidad fiscal y la potestad de las Comunidades Autónomas para establecer este tipo de mecanismos.

Integración del desarrollo sostenible en la política industrial

El respeto por el medio ambiente se ha convertido en una de las premisas fundamentales de todo el proceso de producción industrial. La industria juega un papel relevante en lo que se refiere a las aspiraciones de alcanzar unos modelos de producción y de consumo más sostenibles, modificando hábitos fuertemente arraigados entre los empresarios y entre los consumidores. En este sentido, hay dos temas clave: por un lado, el fomento de una responsabilidad social que incorpore la sostenibilidad como parte integral de la cultura empresarial y como factor de competitividad; y, por otro,  la consideración del  sector industrial como un espacio fértil para contribuir a la desvinculación del crecimiento económico y la degradación ambiental a través de sistemas más eficientes.

LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD

La protección del medio ambiente por parte de la empresa es una actividad que exige gestión sobre los medios de producción y transformación de los bienes y los servicios, para que el impacto hacia el entorno sea neutro o positivo.

Lo cierto es que el medio ambiente y el desarrollo sostenible son crecientemente fuentes de competitividad empresarial. Hay numerosos campos dentro de la actividad empresarial que se ven condicionados por esta integración: las actividades de I+D+i, la generación de empleo, los sistemas de formación y de cualificación, los sistemas energéticos, la esencia de los sistemas productivos, etc. Este reto no es únicamente tecnológico sino que también exige profundas modificaciones a nivel organizativo y de gestión.

 ECOEFICIENCIA

La ecoeficiencia tiene que ver fundamentalmente con la capacidad para producir más con menos y, por lo tanto, de evitar una sobreexplotación de los recursos naturales (incluyendo la capacidad del medio para servir como sumidero de residuos).

Desde el punto de vista de la eficiencia, el factor básico, en la carga del sistema económico sobre el medio, es el volumen físico de los flujos de materiales y energía. El desarrollo sostenible debería suponer un impulso para el uso del concepto del análisis del ciclo de vida del producto, que permite ofrecer una respuesta integral a los diferentes impactos del sistema productivo sobre el medio. El conocimiento de principios de ecoeficiencia, la difusión de mejores prácticas tecnológicas, el análisis de los flujos de materiales y el enfoque del ciclo de vida del producto se constituyen en factores clave de competitividad de las empresas y de la economía en su conjunto.

Integración del desarrollo sostenible en la política de ordenación del territorio

La tendencia de crecimiento en el mundo tiende a reproducir un modelo caracterizado por la polarización en todos los niveles, en el que las zonas centrales se ordenan según centros conectados por ejes de comunicación que, a su vez, se configuran como verdaderos centros lineales de desarrollo. Este modelo es ambientalmente indeseable porque la congestión de los centros destruye los recursos naturales y contamina los vectores ambientales; y porque, paralelamente, la desertización de amplias zonas determina la desaparición de paisajes, culturas, patrimonio y ecosistemas valiosos conseguidos por la acción del hombre y cuya presencia resulta indispensable para su conservación.

Los desafíos para el sistema territorial, en términos de desarrollo sostenible, son los siguientes:

  • Definir un esquema de ocupación y usos del territorio adecuado a las aptitudes de los distintos espacios.

  • Impulsar programas activos de desarrollo sostenible de las ciudades y las redes de ciudades.

  • Impulsar programas de desarrollo de los espacios de baja densidad.

LA  RACIONALIZACIÓN DE LOS USOS DEL TERRITORIO

En relación con los usos del territorio, la idea de prevenir y corregir los desequilibrios territoriales incorpora una especie de justicia territorial al desarrollo, asumiendo que el equilibrio entre las diferentes unidades territoriales es garantía de progreso y de estabilidad. Así, la ordenación territorial apoya el crecimiento de las regiones dinámicas, estimula el de las que manifiestan retraso o entran en decadencia, y procura conectar las de carácter periférico con los centros más progresivos.

La racionalización de los usos del suelo constituye un tema clave en lo que se refiere a la ordenación de territorio, en la medida en que permite garantizar una serie de equilibrios sin los que se avanzaría en un desarrollo patentemente insostenible tanto en términos sociales como económicos y ambientales.

EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

En cuanto al desarrollo urbano sostenible, hay que tener en cuenta que las ciudades constituyen hoy piezas clave en el proceso de alteración de los equilibrios ambientales a los que se están viendo sometidos no sólo las propias ciudades sino también el conjunto de su entorno físico.

La definición de un nuevo proyecto de la ciudad existente constituye hoy un reto político imprescindible que requiere liderazgo y compromiso por parte de las instituciones, innovación cultural y técnica, activa participación social, análisis lúcidos de la situación actual y sus tendencias, elaboración de un proyecto y programas alternativos, y creación de sistemas de seguimiento de la realidad local basados en series de indicadores precisos.

EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIUDADES MEDIAS – EL DESARROLLO POLICÉNTRICO

El sistema de ciudades medias españolas presenta, por su caracterización funcional y su dinámica territorial específica, un elemento de equilibrio en la ocupación del territorio español. Este sistema de ciudades medias cobra especial relevancia en presencia de las consideraciones respecto a desarrollo policéntrico (tal y como han sido incluidas en la Estrategia Territorial Europea).

El concepto de desarrollo policéntrico supone un refuerzo a la necesidad de articular el territorio a partir de la diversidad, así como garantizar el equilibrio regional. La apuesta por diferentes polos de crecimiento a lo largo de todo el territorio es la única garantía de que las concentraciones excesivas de actividad económica y población (fuente de numerosas externalidades) puedan mantenerse en niveles de eficiencia productiva.

Integración del desarrollo sostenible en la política de I+D+i

Las políticas de Ciencia y Tecnología constituyen un elemento decisivo en el desarrollo de las sociedades modernas, dada la relación directa entre la capacidad de innovación de un país y sus posibilidades de ser competitivo. Se trata de políticas horizontales que pueden y deben contribuir al desarrollo de las diferentes políticas públicas sectoriales (educación, salud, medio ambiente, etc.) y a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, objetivo último de todas las políticas públicas.

La política de I+D+i contribuye al fortalecimiento de la investigación básica como elemento fundamental para la generación de conocimiento y para la creación de un clima favorable de incorporación de las empresas a la cultura de la innovación tecnológica que habrá de repercutir en su competitividad.

Un campo de enorme trascendencia en la política de I+D+i es el relativo al conocimiento del medio ambiente y los recursos naturales.

EL CONOCIMIENTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

La preocupación por el medio ambiente y su deterioro inmediato, derivado de las actividades humanas, cobra especial relevancia en las prioridades de investigación y desarrollo tecnológico, en la medida en que éstas pueden jugar un papel fundamental en la instrumentación de actuaciones de prevención y restauración de daños, así como contribuir a la desvinculación del crecimiento económico y la degradación ambiental mediante la desmaterialización del proceso de generación de valor añadido. Desde el punto de vista tecnológico, las políticas de I+D+i han de contribuir al desarrollo de tecnologías eficaces que incluyan los efectos ambientales del ciclo de los productos desde que las materias primas se incorporan a ellos, hasta su uso y eliminación definitiva.

Integración del desarrollo sostenible en la política de cooperación internacional al desarrollo

Las bases para la integración de la sostenibilidad en la política de cooperación al desarrollo deben partir de un análisis de las causas económicas de los problemas ambientales en los países subdesarrollados, para comprender su dinámica, la racionalidad subyacente que los genera, y los mecanismos más eficientes para su solución.

Por todo ello, el desarrollo sostenible debe asumir su dimensión exterior y poner un especial cuidado en las cuestiones que se derivan de la proyección exterior de España. La referencia de partida está en los compromisos internacionales asumidos en los Tratados y Convenios internacionales firmados y ratificados por España en diversas materias que afectan no sólo exclusivamente a temas medioambientales sino, en general, a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, además de todos aquellos que han sido firmados y ratificados por la Unión Europea.

CONCLUSIÓN

La compartimentación de las políticas sectoriales, definidas de acuerdo a objetivos específicos de cada ámbito de actuación, cuya eficacia se mide unívocamente en relación con éstos y que no consideran los efectos sobre el resto de los sectores de actividad, sobre el conjunto de la sociedad y sobre el medio ambiente, es una de las barreras identificadas para la consecución de un desarrollo sostenible. Sin embargo, también las políticas sectoriales son unos de los más importantes instrumentos para poder llevar a la práctica un verdadero cambio del comportamiento social hacia modelos de sostenibilidad.

No se trata tan sólo de añadir objetivos ambientales y sociales a las políticas ya existentes. Se trata de que el cumplimiento de los objetivos ambientales sea tan importante, a la hora de evaluar el éxito o el fracaso de la política en cuestión, como el de los propios objetivos sectoriales. La integración del desarrollo sostenible en las políticas sectoriales y de éstas entre sí,  pasa por realizar un análisis sistemático de sus costes y efectos económicos, ambientales y sociales, tanto sobre su propia esfera de actuación, como sobre otros ámbitos. El conocimiento de estos costes y efectos, de las ventajas y desventajas que ofrece cada opción, facilita el proceso de toma de decisiones, optándose por aquellas actuaciones sectoriales que permitan la consecución de los objetivos planteados con el menor coste social, económico y ambiental.

En todo caso, las políticas sociales, económicas y ambientales deben ser compatibles y coherentes con una estrategia de orden superior que marque y defina los principios globales del desarrollo sostenible para nuestro país.




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